Un supuesto no muy raro, pues se da con cierta frecuencia, es el siguiente : Nuestra página web, como es habitual, habrá de estar alojada en un servidor. Pues bien, tengamos cuidado con la ubicación física de dicho servidor, pues si el mismo está fuera de la Unión Europea y en el mismo se almacenan datos de carácter personal de nuestros visitantes, suscriptores, o clientes, estaremos llevando a cabo – muchas veces sin saberlo – una transferencia internacional de datos.

Para tal transferencia se exige autorización del director de la Agencia de Protección de Datos, y en caso contrario podríamos ser objeto de elevadísimas multas. No obstante, hay una relación de países para los cuales no se exige dicha autorización, y el caso más curioso es el de Estados Unidos, y decimos curioso porque existe un acuerdo entre USA y la UE mediante el cual – se llama acuerdo de Puerto Seguro – se indican en el mismo qué empresas norteamericanas cumplen la legislación europea de protección de datos, en cuyo caso no hace falta que poseamos la autorización mencionada, pero lo que llama la atención es que no hay más de 200 empresas en dicho acuerdo, por lo que lo normal es que tengamos que solicitar dicha autorización.

Esta autorización, para su otorgamiento, requiere aportar a la Agencia de Protección de Datos una serie de documentos, en los cuales, básicamente, se compromete la empresa poseedora o propietaria de los servidores en el extranjero a cumplir la normativa española, a permitir a las personas cuyos datos de carácter personal están en ellos a poder ejercitar ante los mismos los llamados derechos de acceso, cancelación, rectificación y oposición; a someterse a la jurisdicción española, y a la potestad sancionadora de la Agencia de Protección de Datos.

El no respetar lo que se acaba de explicar puede acarrear ser objeto de multas que en su tramo mínimo serían de 60.000 euros, y en el máximo de 300.000 euros ( entre 10 y 50 millones de pesetas ).

Es claro que lo anterior se puede evitar con una adecuada política de prevención de riesgos, siendo la única vía para ello el asesoramiento legal profesional, que si tenemos en cuenta las sanciones a evitar siempre nos saldrá más que económico.

Javier Hernández Martínez, abogado