Podemos decir que la principal o más importante está contenida en la conocida Ley de Ordenación del Comercio Minorista – LOCM -, la cual data del año 1.996, pero que ha sido modificada hace no mucho, siendo ello con el fin de adaptar dicha norma a la regulación comunitaria al efecto existente, en concreto la Directiva 97/7/CE. Esta última norma citada trata de la protección de los consumidores en la contratación a distancia.

La modificación mencionada se llevó a cabo a través de la ley 47/2002, del mes de diciembre del pasado año, estando ya plenamente en vigor y por tanto plenamente operativa.

¿ Qué decía la LOCM antes de esta reforma ?

Lo que decía era algo muy simple : Que en las compras a distancia, cuando en las mismas se utilizase tarjeta de crédito, y el cargo se hubiese llevado a cabo utilizando el número de la misma, sin que ésta se hubiese presentado directamente o no hubiese sido identificada electrónicamente, tenia la facultad el titular de dicha tarjeta de exigir la inmediata anulación del cargo realizado, retrotrayéndose las operaciones contables de cargo y abono realizadas en ese momento.

La ley establecía también que si el ejercicio de dicha facultad por parte del comprador se llevaba a cabo habiendo realmente hecho la compra el mismo ( o sea, hace la compra él, y luego la anula, lo que demuestra su mala fe ), tendría en tal situación que indemnizar al vendedor por los daños y perjuicios que le hubiese ocasionado.

En la práctica, y teniendo en cuenta aquellos casos de importes realmente pequeños, el vendedor tenía que soportar un elevado riesgo de anulación de operaciones, antes las cuales no le merecía la pena proceder contra el comprador considerando lo reducido de los importes en juego, a pesar de que en ocasiones éste hubiese obrado de mala fe.

¿ Cuál es la novedad introducida con la reforma ?

El matiz introducido con la reforma consiste en que ahora, para que el comprador pueda anular la operación, se exige que el uso de su tarjeta haya sido indebido o fraudulento – por un tercero, claro, y no por él -. Ello quiere decir que ahora está condicionado dicho derecho a la probanza, concurrencia o demostración de la existencia de una situación de fraude o de uso indebido.

Literalmente, lo que dice el precepto es : “Cuando el importe de una compra hubiese sido cargado fraudulentamente o indebidamente utilizando el número de una tarjeta de pago, su titular podrá exigir la inmediata anulación del cargo. En tal caso, las correspondientes anotaciones de adeudo y reabono en las cuentas del proveedor y titular se efectuarán a la mayor brevedad.”.

En la práctica, y aunque todo esto parezca tan sencillo, realmente no lo es, pues si hasta hace poco, el medio de que disponía el comprador para demostrar que no había usado la tarjeta era la ausencia de su firma, y es claro que en las transacciones vía Internet ésta no aparece nunca, ahora ocurre que si dicho argumento sirviese igual, habríamos de concluir que todas las operaciones las podríamos calificar de fraudulentas o indebidas, lo cual sería absurdo, pero por otro lado, si el comprador tiene que estar demostrando la concurrencia o existencia del fraude o uso indebido, se estará haciendo recaer una obligación de nada fácil cumplimiento.

La realidad es que sólo la praxis, y el día a día, a la vez que su observación a través de las distintas sentencias que sobre el tema vayan apareciendo, serán la única vía mínimamente segura para poder captar el verdadero alcance de la reforma comentada.